Al leer las noticias referidas a la promoción de la llamada Ley de la Juventud aparecen al pensamiento al menos dos itinerarios. Uno de ellos, de naturaleza filosófica, el otro, estrictamente político.

Tornándome filosófico la deriva me lleva implacablemente a preguntarme sobre qué se mencionará al momento de evocar la voz “joven”. Que quantum de derechos, de esperanzas, de experiencias vitales se consagran y en el mismo acto se dejan de lado cuando legisladores hablan de jóvenes. En el terreno estrictamente político la pregunta será; ¿cómo es posible mensurar la presencia, la importancia, de una política pública?

El lugar de encuentro de ambas inquietudes, la filosofía política nos ha regalado desde hace tiempo de una enmarañada literatura referida al populismo, en sus más variadas especies. La realidad política diaria en la argentina, además, muestra ostensiblemente su  voluntad por nutrir con ejemplos esa literatura. La Ley de la Juventud se inscribe, a mi parecer, en ese registro.

La primera aproximación nos acerca a la presentación de esta Ley (nótese que utilizo las mayúsculas como muestra de respeto) como una carta de derechos y se la supone como reparadora de la omisión al momento de cumplir la constitución de la Ciudad en relación con derechos y garantías de la población joven. La mención de una carta de derechos constituye una burla a la historia y a las palabras, desde la carta 77 (verdadero ejemplo de la lucha democrática del pueblo checo) hasta la carta internacional de derechos humanos siempre se ha supuesto bajo esa denominación cuestiones de importancia y no legislaciones de tono menor. Si se tratara mucho mas modestamente pero sin duda también más saludablemente, de ampliar los márgenes de derechos en cumplimiento de la constitución, debemos necesariamente de plantear que la intención, aún cuando plausible, llega tarde, mal, y termina por minimizar los institutos políticos reformistas que la ciudad, en un rapto de irreconocible locura política, supo darse. Si los legisladores están preocupados por el cumplimiento de la constitución y por las consecuencias políticas de ese cumplimiento, tal vez podría pensarse, en lugar de la populista decisión de otorgar un derecho que nadie reclamó, en acercar genuinamente los elementos de participación y de ciudadanización que contempla nuestra constitución para promover de este modo, el tratamiento gradual pero sostenido de las desigualdades no queridas que pueden vivir los jóvenes de la Ciudad. La demagógica, inútil y absurda decisión que propone la Ley de “asegurarles” a los jóvenes la participación en las listas es una verdadera mentira que se alinea con la persistente vocación de nuestros legisladores, los presentes pero también los pasados, por empequeñecer el ejercicio de la democracia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Abramos paso a algunas preguntas. ¿Acaso alguien tiene dudas acerca de cuales jóvenes participaran en esas listas y en ese “reaseguro” de participación?. Acaso se tienen dudas acerca del rotundo fracaso en clave de universalidad de este tipo de políticas?, ¿alguien puede pensar que estas postulaciones llevarán a desmontar el esquema de desigualdades (materiales, vitales, educativas, experienciales) que los habitantes de la Ciudad viven a diario? En definitiva, son muchas las mascaradas del populismo pero una sola la consecuencia de su obrar y de su aceptación inexorable, la pérdida de potencial reformista de lo político que conlleva la negación efectiva de la extensión de la experiencia democrática.

* Docente UBA (Facultad de Ciencias Sociales)