Quienes siendo adolescentes empezamos a militar a principios - mediados de los años 80 vivimos la explosión participativa de la llamada "primavera alfonsinista". Una importante porción del estudiantado participaba en los centros de estudiantes que, legalizados en 1984, se proponían organizarse en frentes barriales y en una Federación de Estudiantes Secundarios en la Capital Federal. El gobierno democrático había establecido el ingreso por sorteo en el nivel medio, la abolición del saco y corbata obligatorios, los exámenes en julio, el cambio de contenidos en Educación Cívica, el replanteo del sistema disciplinario, los cursos de recuperación de diciembre, la renovación de varias rectorías del Proceso y un Congreso Pedagógico con participación de docentes y alumnos. No obstante desde los secundarios íbamos por más: pedíamos concursos docentes priorizando capacidad sobre antigüedad, apertura a ambos sexos, cooperativización, reforma a los planes de estudio, idioma único, aula taller, faltas por materia, autodisciplina, enseñanza de los derechos humanos y educación sexual, y sobre todo el boleto estudiantil, demanda que le había costado la vida a los chicos platenses de la Noche de los Lápices y que sería parcialmente obtenido en la capital en 1988.

Llegaron los 90 y el menemismo con Antonio Salonia se propuso desarticular los centros de estudiantes y reemplazarlos por inocuos "clubes colegiales". En la Provincia de Buenos Aires el gobernador Duhalde desmantelaba los Consejos de Escuela de la gestión cafierista, mientras Gustavo Béliz apañaba desde el ministerio del interior del presidente Menem tareas de inteligencia dirigidas a estudiantes secundarios.

El menemismo quiso primero municipalizar las escuelas, aunque solo pudo provincializarlas. Además se intentó establecer un examen de egreso del nivel medio y hasta arancelar el polimodal, uno de los dos pedazos en que quedaba partida la escuela media en Argentina. Lo cierto es que se haya hecho para innovar y democratizar el sistema (como sostienen sus defensores) o para achicar costos (vía reducción de asignaturas en el tercer nivel de la educación general básica) y quebrar la escuela de los adolescentes argentinos (primarizando a los de 13 y 14 años y convirtiendo a los de 15 a 17 en mano de obra barata para el trabajo flexibilizado), la llamada transformación educativa argentina de los años 90 fue central en la configuración de las nuevas generaciones. Si hablamos de los secundarios de los 90 podemos constatar en lo sociopolítico un menor nivel de organización y politización respecto de los años 80 y en lo educativo la sensación de que los que pasaron a estar incluidos (la extensión de la obligatoriedad a 10 años implicó una inclusión educativa inédita) no alcanzaban los logros de los que estaban incluidos unos años atrás. La matrícula crecía, pero también la exclusión social. A la vez la escuela pública que había sido percibida en los 80 como aquello que había que transformar era percibida ahora como aquello que había que defender. Los secundarios se movilizaban contra las Leyes Federal de Educación y de Educación Superior, por la equiparación del boleto secundario con el primario y en solidaridad con los maestros ayunantes. Además la violencia cotidiana comienza a tener un lugar en la movilización de los pibes: la oposición al gatillo fácil y los edictos policiales o la demanda de justicia para Walter Bulacio, quien muere en una comisaría tras asistir a ver a Los Redonditos de Ricota, son ejes de movilización importantes.

Estos primeros años del siglo XXI parecen encontrar a los pibes atravesados por tres incertidumbres. Primera, la de una escuela media - polimodal que no garantiza ni el acceso al supuesto mercado de trabajo ahora ensanchado ni a los conocimientos necesarios para afrontar con éxito los estudios superiores, tal como parecen indicarlo los exámenes de ingreso tomados en varias universidades nacionales.

Segunda, la de la subsistencia: los secundarios porteños tomaron escuelas, cortaron las calles o se movilizaron en 2003 no para cambiar una escuela pública autoritaria, como en los 80, ni para defender una escuela pública amenazada, como en los 90, sino para defenderse de las consecuencias del terremoto económico social iniciado en 1998 que culminó con la gran crisis de 2001/02. Según un relevamiento confiable, de 29 movilizaciones, cortes de calle y tomas de colegios, escuelas medias, técnicas, normales, artísticas y de adultos, en 22 casos se pidieron becas de ayuda económica y viandas de comida. Tercera incertidumbre, la de las condiciones inmediatas en las que se estudia. En 9 de las 29 movilizaciones de 2003 los ejes fueron la infraestructura, reclamos por rejas, rampas, un edificio nuevo, estufas, ventiladores, terminación de obras, espacio físico para aprender computación. Los chicos perciben que las condiciones en las que asisten a clases deben ser mejores. En este escenario irrumpió el desastre de Cromagnón. Los pibes perciben sencillamente que el Estado no los cuida. Sin deslindar las responsabilidades del empresario, de la banda y del público, Cromagnón introduce la sospecha de una nueva posibilidad de violencia estatal hasta ahora desconocida. No se trata del gatillo fácil, que mató en el pasado a varios pibes en distintos días la última década, sino que quizás se trate del inspector fácil, capaz de contribuir decisivamente al final, en un solo día, de casi 200.

Cromagnón señala a nuestros secundarios que si el Estado no fue capaz de cuidarlos en un concierto es probable que tampoco los esté cuidando en las escuelas en las que estudian. Ello puede explicar la intensidad de las movilizaciones de los secundarios este 2005, siendo que los problemas de infraestructura de los colegios existieron siempre y encontraron siempre canales de diálogo razonables para abordarlos. Argentina cambió mucho estos 22 años y sus estudiantes secundarios también. Frente a esta nueva realidad el Estado democrático debe proponerse el diálogo con ellos en la búsqueda de certidumbres acerca de las tres cuestiones mencionadas.

Sólo con el diálogo, y considerando a los pibes como sujetos de derecho y no como sujetos sólo representados por sus padres, fundamento con el cual la dictadura militar negaba la existencia de centros de estudiantes secundarios hasta 1983, podremos alcanzar una educación que ofrezca una utopía en el futuro y condiciones dignas de estudio en el presente.

*Instituto Hanna Arendt

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