Un fantasma recorre la Argentina : la posibilidad de que a pesar del crecimiento económico de los últimos años, millones de argentinos queden excluidos definitivamente de la sociedad.

Desde hace más de 10 años la tasa de desempleo es de dos dígitos y desde hace más de 10 años, que más de la mitad de los niños de la Argentina son pobres. No hay razones para pensar que la economía por sí sola pueda revertir esta situación. La pobreza y el desempleo crónicos definen una condición de exclusión estructural que se reproduce de generación en generación al margen de los ciclos económicos. Por lo tanto, cabe interrogarse qué herramientas tenemos para revertir esta situación que amenaza con fracturar definitivamente la trama social del país. La Argentina de finales del siglo XIX era un país atrasado, socialmente dividido y sin sufragio universal. En 1916, todos los argentinos pudieron votar por primera vez. Para entonces la Argentina era uno de los países más desarrollados del planeta y socialmente integrado. Nada de esto hubiese sido posible sin educación. La educación pública expresó durante más de un siglo la voluntad del Estado Nacional de construir una nación integrada. La LEY 1420 de educación pública, laica e igualitaria representó esa ambición: educar al soberano. La escuela pública abarcando todo el territorio nacional fue el primer eslabón de movilidad social que permitió desarrollar las capacidades y creatividades de millones de argentinos. En un contexto de casi pleno empleo, la educación pública garantizaba la integración al empleo y a la seguridad social, los otros dos pilares donde se fundaba la cohesión social de la Nación. La situación de la Argentina actual se caracteriza por tener todas estas instituciones cuestionadas en su rol integrador. La ley 1420 fue la ley de la integración social. La imposibilidad del mercado de trabajo de integrar en el empleo formal a más de la mitad de los trabajadores, pone los límites de cobertura de nuestro sistema de seguridad social. Mientras tanto, el sistema educativo expresa cada vez más viejas y nuevas desigualdades que lo hacen ineficaz como instrumento de integración y nivelador de oportunidades. Sin embargo, el sistema educativo puede y debe recuperar su capacidad integradora perdida. Nuestro sistema educativo responde mal y lentamente a los cambios sociales y económicos acontecidos en las últimas dos décadas. La ley de educación federal permitió ampliar los niveles escolarización de la escuela media. Sin embargo, esa misma ley es la responsable de la desarticulación del sistema educativo, del incremento de las desigualdades educativas y de la ausencia de un proyecto educativo nacional. En este sentido, le ley federal de educación es la antitesis de la ley 1420. Actualmente en el área metropolita de Buenos Aires dos tercios de los jefes de hogar no tienen la escuela media completa lo que implica un límite estructural a las posibilidades de inserción laboral estable. Un tercio de los jóvenes con 19 años cumplidos tampoco finalizó estudios secundarios. Tres cuartos de los beneficiarios del programa jefes de hogar se encuentran en la misma situación. La educación preinicial sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra Argentina y la educación para adultos ha quedado afuera de las prioridades de las prioridades nacionales. Este conjunto de problemas nos deja con pocas herramientas para enfrentar los desafíos de un mundo global donde las potencialidades económicas de los países se basan en la calidad de sus recursos humanos. Pero solamente a partir de reconocer estos problemas es que podremos resolverlos. Para revertir este estado de cosas necesitamos un revolución educativa de similar dimensión a la que ocurrió ha fines del siglo XIX. Esto se puede lograr a partir que el Estado Nacional recupere su rol como rector de la política educativa para darle dimensión nacional a las reformas necesarias. Estas deberían contemplar:

Incrementar los recursos en educación más que proporcionalmente al crecimiento de la matricula por lo próximos 20 años.

Avanzar hacia la doble escolaridad obligatoria.

Estimular las capacidades de gestión de las propias escuelas para integrarse a sus comunidades en un contexto de mayor autonomía.

Volver a jerarquizar la formación docente.

Universalizar la educación preinicial pública

Recuperar la educación de adultos como complemento privilegiado de la política social.

Recuperar el rol formador de capacidades laborales de la escuela media

Articular la educación superior con los colegios terciarios para alcanzar mayores niveles de cobertura en el ciclo postsecundario.

*Licenciado en Economía, ex Presidente de la Federación Universitaria Argentina

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