Nadie duda que el transporte automotor de Buenos Aires ha colapsado, no solo por la saturación de vehículos en las calles, sino también por la ineficacia política de resolver entre Ciudad y Nación un mejor funcionamiento del transito a través de la aplicación conjunta de normas y acciones concretas.

Los vecinos se quejan permanentemente a las autoridades locales sobre el avasallamiento a las normas que ejercen sistemáticamente los medios de transporte de pasajeros. Los conductores no respetan los carriles ni las paradas, transitan en unidades que deberían estar fuera de circulación y además provocan con los gases que emanan una preocupante contaminación ambiental. Y mientras pocos conductores respetan al prójimo, la mayoría de los transeúntes padecen el suplicio diario de andar por la vía pública al compás de los baches, los bocinazos y la indiferencia de los organismos de control.

Frente a este estado permanente de caos, la Ciudad y la Nación prefieren el «dejad hacer» que tomar riendas sobre el asunto. Es que funcionan como dos rectas paralelas y nunca logran comunicarse entre si para encontrar un referente común. Por un lado, porque la Ciudad solo se aboca a la confección de proyectos de instalación, reubicación, reparación de señales y refugios peatonales. Y por otro lado, porque los informes referidos a recorridos de líneas de transporte colectivo de pasajeros, irregularidades de las empresas transportistas y frecuencias y horario de los respectivos servicios es tarea de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Los vecinos poco saben de esta separación de roles y proyectan sus quejas sobre la orbita del gobierno local, cuando en realidad deberían hacerlo ante la oficina nacional correspondiente responsable de atender todas aquellas demandas sobre arbitrariedades de las empresas y violaciones a las normas de transito por parte de los conductores. Y como esto no ocurre, porque la Ciudad no puede y la Nación no quiere, los colectiveros continuaran sometidos a una perversa política empresarial actuando como dueños de la calle y regulando el tránsito de acuerdo a sus necesidades y urgencias. Esta misma lógica de adueñarse de lo publico utilizan los transportistas de carga y todos los camioneros que atraviesan la ciudad a cualquier hora del día y, muchas veces, por zonas no autorizadas al transito pesado.

El Gobierno de la Ciudad debe tomar la iniciativa de llevar adelante una profunda reestructuración del tránsito de la ciudad. No alcanza con los carriles exclusivos para colectivos y con la prohibición de estacionar en las calles del microcentro y del casco histórico. Tampoco con las innovaciones mobiliarios, más allá del paupérrimo presente de las paradas de colectivos, totalmente deterioradas, y el señalamiento callejero. La reforma también debe incluir el aumento en las tarifas de estacionamiento medido en zonas céntricas y la incorporación de una tarifa reducida en el resto del ejido urbano para alentar al usuaria a dejar su coche en las zonas perimetrales al macrocentro. A la vez, redefinir conceptualmente la función de la guarda urbana, para que en la practica opere en áreas de mayor congestión de transito pesado, tan problemática para el vecino que debe soportar la constante presencia de camiones de gran porte, que amenazan no solo contra su integridad física, sino también contra su vivienda. Esta situación motivó la elaboración de un proyecto de ley para resguardar la seguridad de los ciudadanos que residen en los barios de La Boca y Barracas, intentando cambiar el recorrido de estos bólidos que a diario acechan contra nuestra ciudad.

La realidad nos dice, lamentablemente, que de alguna manera hay que llegar al puerto de cargas. Y no hay otro camino. Pero mientras sigan postergándose decisiones fundamentales como la construcción de una autopista ribereña o del nudo vehicular de Retiro, seguiremos padeciendo los efectos de un tránsito colapsado sin tener respuestas de un gobierno nacional acostumbrado a negociar con corporaciones empresariales y gremiales antes de sentarse a definir con el gobierno local una verdadera política de transporte urbano.

* Legislador CABA
Presidente Comisión Tránsito y Transporte